Decenas de presuntos opositores al gobierno, detenidos en relación con una supuesta revuelta militar en 1993, continuaban recluidos sin juicio ni cargos. Al parecer algunos estaban a punto de ser ejecutados. Cinco presos considerados por Amnistía Internacional de conciencia, encarcelados desde 1973, seguían cumpliendo penas de cadena perpetua. Al menos otros 600 presos políticos detenidos en años anteriores, entre los que figuraban presos considerados de conciencia, permanecían encarcelados sin juicio ni cargos. Se informó de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Nuevas leyes ampliaron el ámbito de aplicación de la pena capital y permitieron la imposición de las penas judiciales de flagelación y amputación. Por lo menos 17 personas fueron ejecutadas.
